Test de Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

Correcta: c) Los procedimientos administrativos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

Correcta: b) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

Correcta: a) Según el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de una disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

Correcta: a) El artículo 118 de la Ley 39/2015 dispone: «Se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente».
Por qué no las demás: Las opciones B, C y D no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 39/2015.
Normativa: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo: Artículo 118
1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.
No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado.
2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.
3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.

Correcta: b) Los artículos 42 y 43 de la Ley 39/2015 regulan la práctica de las notificaciones en papel y a través de medios electrónicos respectivamente.

Correcta: c) El trámite de audiencia se regula en el artículo 82 de la Ley 39/2015, estableciendo un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para que los interesados aleguen y presenten documentos.

Correcta: a) Según el artículo 6.6 de la Ley 39/2015, el plazo máximo de validez de los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos es de cinco años. Este plazo garantiza que la representación no sea indefinida y obliga a su renovación periódica para asegurar que la voluntad del poderdante sigue vigente.

Correcta: a) El artículo 32 de la Ley 39/2015 dispone: «Las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España».

Correcta: d) El artículo 124 de la Ley 39/2015 dispone: «Un mes, si el acto fuera expreso».

Correcta: d) El artículo 9 de la Ley 39/2015 dispone: «De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación».
Por qué no las demás: Las opciones A, B y C no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/2015.
Normativa: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo: Artículo 9
1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud.
Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c).
3. En relación con los sistemas de identificación previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.
Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.
4. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.

Correcta: a) El artículo 118 de la Ley 39/2015 dispone: «Se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente».

Correcta: d) La Ley 39/2015 se aplica a todo el sector público, que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.

Correcta: b) El artículo 90 de la Ley 39/2015 dispone: «Un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva».

Correcta: c) El artículo 6 de la Ley 39/2015 dispone: «En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado».

Correcta: d) La opción D es incorrecta porque la ley no establece que la concentración de trámites deba ser 'siempre obligada', sino que se acordará en un solo acto aquellos trámites que por su naturaleza admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

Correcta: d) El artículo 4 de la Ley 39/2015 dispone: «El artículo 4 de la Ley 39/2015 exige la titularidad de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, afectados por el procedimiento.».

Correcta: c) El artículo 98 de la Ley 39/2015 dispone: «Se necesite aprobación o autorización superior».

Correcta: c) De conformidad con el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición es de un mes si el acto administrativo es expreso. En caso de silencio administrativo (acto no expreso), no existe plazo límite, pudiendo interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio.

Correcta: c) Según el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, los recursos administrativos podrán fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley.

Correcta: b) Este artículo consagra el principio de incomunicación de la invalidez o principio de conservación. La nulidad de una parte del procedimiento no debe contaminar a aquellas otras actuaciones que no tengan una relación de dependencia causal con el acto viciado, permitiendo así la eficacia de los actos independientes y la economía procesal.