Título I. Los interesados

Correcta: a) Según el artículo 6.6 de la Ley 39/2015, el plazo máximo de validez de los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos es de cinco años. Este plazo garantiza que la representación no sea indefinida y obliga a su renovación periódica para asegurar que la voluntad del poderdante sigue vigente.

Correcta: d) El artículo 9 de la Ley 39/2015 dispone: «De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación».
Por qué no las demás: Las opciones A, B y C no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/2015.
Normativa: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo: Artículo 9
1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud.
Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c).
3. En relación con los sistemas de identificación previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.
Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.
4. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.

Correcta: c) El artículo 6 de la Ley 39/2015 dispone: «En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado».

Correcta: d) El artículo 4 de la Ley 39/2015 dispone: «El artículo 4 de la Ley 39/2015 exige la titularidad de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, afectados por el procedimiento.».

Correcta: c) El art. 4.1 LPAC considera interesados, además de a quienes promuevan el procedimiento, a los que, sin haberlo iniciado, tengan derechos que puedan resultar afectados (b) y a aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados y se personen antes de la resolución definitiva (c). Ambas son ciertas.

Correcta: a) El artículo 3 de la Ley 39/2015 dispone: «Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles».

Correcta: d) El artículo 9.2 de la Ley 39/2015 establece que los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas basados en certificados de firma electrónica cualificados (letra a), certificados de sello electrónico cualificados (letra b), y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido siempre que cuenten con un registro previo como usuario (letra c). Por consiguiente, todas las opciones son correctas.

Correcta: c) El artículo 11 de la Ley 39/2015 dispone: «para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley».

Correcta: a) El artículo 5 de la Ley 39/2015 dispone: «Sus Estatutos».
Por qué no las demás: Las opciones B, C y D no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015.
Normativa: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo: Artículo 5
1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.
3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.
4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.
5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.
6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
7. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento.

Correcta: c) El artículo 3 de la Ley 39/2015 dispone: «Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate».
Por qué no las demás: Las opciones A, B y D no son supuestos exceptuados por el artículo 3 de la Ley 39/2015.
Normativa: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo: Artículo 3
A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Correcta: c) El artículo 8 de la Ley 39/2015 dispone: «Del expediente».

Correcta: d) El artículo 11.2 de la Ley 39/2015 enumera los casos en los que la firma es obligatoria: formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.

Correcta: c) El artículo 8 de la Ley 39/2015 dispone: «Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento».

Correcta: c) El artículo 11 de la Ley 39/2015 dispone: «para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley».

Correcta: b) El artículo 3 de la Ley 39/2015 dispone: «Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela».
Por qué no las demás: Las opciones A, C y D no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 39/2015.
Normativa: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo: Artículo 3
A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Correcta: c) El artículo 3 de la Ley 39/2015 dispone: «Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos».

Correcta: a) El artículo 9 de la Ley 39/2015 dispone: «En territorio español».

Correcta: a) El artículo 3.d) de la Ley 39/2015 otorga capacidad de obrar a estos colectivos y entidades sin personalidad jurídica únicamente "cuando la Ley así lo declare expresamente".

Correcta: b) El artículo 5 de la Ley 39/2015 dispone: «No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento».

Correcta: d) El artículo 4 de la Ley 39/2015 dispone: «Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte».

Correcta: a) El artículo 9 de la Ley 39/2015 dispone: «Se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c)».

Correcta: d) El artículo 11.1 de la Ley 39/2015 establece literalmente que para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley.

Correcta: c) El artículo 8 de la Ley 39/2015 dispone: «La tramitación del procedimiento».
Por qué no las demás: Las opciones A, B y D no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 39/2015.
Normativa: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo: Artículo 8
Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.

Correcta: a) El artículo 11.2 de la Ley 39/2015 establece de forma taxativa que las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.

Correcta: d) El artículo 9 de la Ley 39/2015 dispone: «Diez días desde su solicitud».

Correcta: d) El artículo 6 de la Ley 39/2015 dispone: «Fecha de inscripción».

Correcta: c) El artículo 9 de la Ley 39/2015 dispone: «Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente».

Correcta: d) El disposición de la Ley 39/2015 dispone: «Al día siguiente de la publicación de la Resolución, salvo que esta disponga otra cosa».
Por qué no las demás: Las opciones A, B y C no se ajustan a lo dispuesto en el disposición de la Ley 39/2015.
Normativa: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo: Disposición adicional octava. Resoluciones de Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que establezcan las condiciones de uso de sistemas de identificación y/o firma no criptográfica
Cuando se trate de sistemas establecidos por medio de Resolución de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para su ámbito competencial con objeto de determinar las circunstancias en las que un sistema de firma electrónica no basado en certificados electrónicos será considerado como válido en las relaciones de los interesados con los órganos administrativos de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculados o dependientes, no será preciso el transcurso del plazo de dos meses para la eficacia jurídica del sistema a que se refiere el artículo 10.2.c) de la presente ley, adquiriendo eficacia jurídica al día siguiente de la publicación de la Resolución, salvo que esta disponga otra cosa.

Correcta: a) El artículo 5 de la Ley 39/2015 dispone: «Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación».

Correcta: c) El artículo 11 de la Ley 39/2015 dispone: «Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: a) Formular solicitudes. b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. c) Interponer recursos. d) Desistir de acciones. e) Renunciar a derechos».